EL MÍNIMO PARA LA DACIÓN EN PAGO

Es muy fácil calcular el mínimo en que la dación en pago sería obligatoria para las entidades financieras, pero aún no sabemos por qué el Gobierno se resiste a aplicar la misma.
Supongamos que un comprador de un piso pidió de capital 150.000 euros (es un ejemplo). Creo que cuando este señor haya pagado ese importe en cuotas, o sea, en capital más intereses, debería dársele la dación en pago sin rechistar; el banco obtendría la propiedad como interés de la deuda. Creo que este sería el umbral mínimo en el que la legislación debería moverse.
Esta posibilidad, incluso, parece injusta para el deudor, pues ha pagado la totalidad pero no los réditos y por tanto que su propiedad inmobiliaria se la quede la entidad financiera como rédito parece incluso excesivo. Por tanto, parece justo que haya un tanto por cien a determinar para que la entidad tenga por ley que quedarse con la propiedad. Esta cantidad no puede ser ni muy baja ni muy alta; las autoridades deberán decidir en cada situación económica cuál es el porcentaje correcto.
Pero creo que queda demostrado que la dación en pago es una medida justa y equitativa para ambas partes. Solo hay que buscar un término medio. Lo que es seguro es que hay un término mínimo. Las leyes no son jamás un obstáculo si los partidos están por la labor de cambiarlas. Entonces, si son injustas, ¿por qué no se cambian?
Francisco Vicente Agulló Sánchez.

OPINIÓN PUBLICADA EN:
26-01-13 - EL PAIS 

EL DESPILFARRO DE LAS COMISIONES DE INVESTIGACIÓN (Una farsa democrática)

TRATAN TEMAS MUY IMPORTANTES Y SE LO TOMAN A RISA

COMISIONES DE DESINVESTIGACION

Vista la inutilidad y el despilfarro de recursos que se desperdician en las comisiones de investigación que más bien parecen investigaciones exculpatorias y autojustificativas de los políticos gobernantes ante la opinión pública uno no puede dejar de preguntarse por qué mantenemos este vilipendio absurdo y esperpéntico al concepto de sistema democrático.  Sugiero que se supriman, y que cuando un parlamento o cualquier órgano público que tenga la potestad de impulsar una comisión de investigación sobre actuaciones que se encuentran bajo tutela judicial, lo que hoy en día da lugar a una farsa, pantomima y estafa política, se convierta en lo que en esencia debería ser, o sea, en una voluntad firme del pueblo para que se depuren responsabilidades legales lo antes posible, ya que las responsabilidades políticas pertenecen al ámbito particular de los partidos y ellos decidirán la imagen que quieren dar a los ciudadanos.  En vez de votar para crear un comisión de este tipo, se debería votar para aplicar un procedimiento, aún por desarrollar, que enriqueciera de recursos el proceso judicial mediante jueces adjuntos si fuera necesario, asignación de policía especializada, secretarios judiciales, administrativos de justicia, facilidad de acceso a los expertos, registros  y entidades públicas que el juez considere oportunos y además, un punto muy importante, aprobar un requerimiento judicial especial para dichos procesos donde su incumplimiento o demora lleve adjunto unas penas verdaderamente coercitivas, especialmente para aquellas peticiones de documentación a órganos públicos que están comandados por correligionarios de los imputados.  Creo que la introducción de dicho procedimiento sería un beneficio absoluto, para la democracia, para la justicia y para el interés general de los españoles.

Francisco Vicente Agulló Sánchez

Opinión publicada en:

07-12-12 - INFORMACION

 

PROVEEDORES CORRUPTOS

En los innumerables casos de corrupción política que han visto la luz últimamente siempre hemos encontrado un denominador común, los proveedores corruptos, colaboradores necesarios en la trama correspondiente, aquellos que suministran bienes o servicios a costa del dinero de los ciudadanos. No hay más recordar los casos del Gürtel, Emarsa, Noos? etc, etc. En la empresa privada el empresario se cerciora de que los bienes o servicios son adecuados a su actividad, que cumplen las condiciones de calidad, precio y servicio, produciéndose un sano flujo compra-venta que constituye la verdadera base de la economía de mercado. Sin embargo en los proveedores corruptos de las administraciones públicas siempre vemos unos comportamientos ineficientes y reiterativos, o bien los bienes o servicios se facturaban a un precio desorbitado, o bien en cantidades superiores a las suministradas, o bien ni siquiera se suministraban. Desde mi punto de vista lo que puede ser realmente bochornoso, tramposo e indigno es que, en la situación actual de inmensa necesidad nacional, se esté aplicando una política de asignación de fondos con el criterio de «tapar bocas», o sea, el criterio de satisfacer a los proveedores corruptos con el ánimo de aplacar su ira o malestar por la demora en sus cobros, algo así como ceder al chantaje de los que han sido tus acólitos y que sólo tú has provocado. Todos los ciudadanos nos preguntamos dónde está el dinero de nuestros impuestos que no llegan para pagar a los farmacéuticos, la medicina, la educación ni siquiera subvencionar los comedores escolares, entre muchas otras cosas. La pregunta es irremediable: ¿Seguro que se aplica el dinero con la escala de utilidad necesaria para resolver los problemas de la población en general o por el contrario se están desviando con fines únicamente políticos cuando no corruptos? Toc? Toc? ¿Hay alguien ahí? Silencio

Francisco Vicente Agulló Sánchez

Opinión Publicada en:

19-11-12 - INFORMACION

20-11-12 - LA VERDAD (Alicante)

22-11-12 - LA VERDAD (Albacete)

LOS POLÍTICOS SIEMPRE SON PRESUNTOS INOCENTES

Refiriéndome a los pasados hechos en el Madrid Arena (pero podría hacerlo sobre muchos otros hechos), causa dolor y chirría que determinados medios de comunicación y destacados periodistas acentúen sus artículos sobre la presunción de inocencia cuando los implicados son altos cargos políticos o empresariales afines. Es denigrante que el mismo periodista, por ejemplo, unos meses antes tache a una persona de violenta o de extrema izquierda por el simple hecho de que lleve rastas o vaya vestida de una forma diferente en una manifestación y que sin embargo apele a la presunción de inocencia como alma mater de todos los derechos cuando se trata de un correligionario. La condición de político como representante de los ciudadanos lleva adherida inherentemente una etiqueta, la de una reputación intachable. La gran mayoría de españoles no están imputados en un proceso penal y muchos de los que lo están se encuentran con juicios rápidos creados ex profeso para la causa en cuestión, con abogados de oficio que cobran tarde, mal y que consecuentemente no quieren perder el tiempo. La presunción de inocencia, en estos casos, se encuentra adelgazada a su mínima expresión, esto pasa todos los días en los juzgados y choca con otro derecho fundamental, el del derecho a tener un juicio justo. 

La imputación por sí misma no indica culpabilidad, pero sí indica que el juez ha visto suficientes indicios de delito como para seguir el procediendo, como es su obligación, con el conociendo las leyes y teniendo muy en cuenta la presunción de inocencia. ¿Alguna persona o medio está interesado en hacer una isla protectora a los políticos, en darle un trato de favor sobre los demás españoles? ¿No somos todos los ciudadanos iguales ante la Ley?

Francisco Vicente Agulló Sánchez

Opinión publicada en:
12-11-12 - LA VERDAD (Alicante)
16-11-12 - LA VERDAD (Albacete)